Convenios colectivos e indemnización por capacidad

 
 
 

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Una agrupación de asociaciones que integra a varias empresas tiene la intención de unificar criterios y condiciones de trabajo entre todos los empleados que prestan servicios en las distintas empresas. Tienen todas ellas la misma actividad pero, por distintas razones, su régimen laboral es distinto en algunos aspectos. Por otra parte no tienen representación sindical y tampoco existe un convenio colectivo al que puedan acogerse.

Los dos problemas fundamentales con que se enfrenta la agrupación son la falta de un convenio colectivo que se les aplique y que los trabajadores carecen de representación legal. El primero punto no tiene solución mientras no entre en vigor un convenio que, sin duda alguna, les resulte aplicable. La aplicación de un convenio colectivo no es algo que esté a disposición de las empresas sino que se impone a la vista de lo que el propio convenio diga acerca de su ámbito de aplicación, que se fija en sus primeras cláusulas y deriva directamente de la capacidad de representación de las asociaciones patronales y de los sindicatos que lo hayan negociado. De tal manera que el ámbito de actuación y de interés de esas representaciones es justamente el que hace que el convenio se aplique en las empresas que, de una manera u otra, han sido representadas en la negociación.

Cuando las condiciones del convenio colectivo resultan excesivamente gravosas para alguna empresa, el convenio establece normalmente la llamada "cláusula de descuelgue" que permite a las empresas dejar de aplicar el convenio acreditando las circunstancias por las cuales desean tomar esta medida que, de todos formas, es excepcional. Por tanto, aún habiendo un convenio colectivo que resulte aplicable es posible para las empresas "descolgarse" y continuar aplicando las condiciones anteriores.

Los convenios colectivos tienen además distinto ámbito territorial, siendo a veces aplicables en todo el Estado pero también, con frecuencia, limitando su aplicación a una Comunidad Autónoma o a una provincia. También pueden existir convenios colectivos que solamente se aplican en una empresa. Todos estos convenios se denominan "estatutarios" porque se desarrollan en el marco regulador del Estatuto de los Trabajadores. Pero existen también los llamados extraestatutarios, que se negocian al margen de las normas del Estatuto de los Trabajadores. Se diferencian, primordialmente, porque el estatutario tiene eficacia sobre todas las relaciones laborales incluidas en su ámbito de aplicación, con independencia de que las empresas o trabajadores hayan sido representados directamente en la negociación. Estos convenios tienen lo que se llama eficacia erga omnes, es decir, frente a todos; por el contrario los extraestatutarios solo tienen aplicación sobre las empresas y trabajadores que los han negociado, quedando fuera de su aplicación aquéllos que no intervinieron en el acuerdo.

Generalmente, el origen de los convenios extraestatutarios es justamente la inexistencia de representantes legitimados para negociar un convenio estatutario o la inaplicación, por diversas causas, de un convenio de eficacia general. Los trabajadores pueden ser representados en la negociación de un convenio extraestatutario por las secciones sindicales de empresa. Pero el problema, en el caso de la consulta, viene dado por el hecho de que no hay representantes de los trabajadores en la empresa.

Es obvio que la primera solución que se presenta es justamente la de arbitrar el modo de que existan esos representantes, mediante la promoción de un proceso lectoral. Sin embargo esta solución requiere la concurrencia de numerosas circunstancias que pueden hacerlo desaconsejable. Por otra parte, el proceso electoral se impulsa desde los trabajadores y no desde la empresa. Además, la negociación de un convenio de esta naturaleza puede resultar de poco interés por cuanto la entrada en vigor de un convenio que resulte de aplicación en la empresa hace que deba imponerse su regulación a la del pacto extraestatutario.

Pero el caso en la consulta es que se carece de una regulación que contemple las peculiaridades de la actividad y resulta, por otra parte, evidente que no es conveniente mantener regulaciones distintas para actividades de la misma naturaleza y que, además, están integradas en la agrupación de asociaciones. Se pretende dar cauce a situaciones consolidadas al amparo de reconocimientos, explícitos o tácitos, de derechos de los trabajadores en todos los aspectos que no sean expresamente regulados en la propuesta o no resulten aprobados, se aplicará la legislación laboral general.

Para ello podría ser útil presentar a los trabajadores una propuesta de regulación que, tras el correspondiente proceso, pueda ser aprobada por representantes elegidos con tal propósito. La empresa debería, en este caso, proponer a los trabajadores, en su conjunto, la elección de representantes para el estudio y negociación del acuerdo con la compañía.

Los representantes elegidos, conforme al procedimiento que se decida, ostentarán la representación de los trabajadores, exclusivamente a estos efectos, sin que la elección les otorgue facultad alguna en cualquier otro orden. Durante el tiempo que dure la negociación de la propuesta, gozarán de total inmunidad por los actos que lleven a cabo en el ámbito restringido de su representación.

En todo caso, las propuestas deberán ser aprobadas por la totalidad de los trabajadores de las asociaciones por mayoría simple. Y la propuesta aprobada por los representantes y los trabajadores será de obligada inclusión en los contratos de trabajo que se celebren a partir de su aprobación, que no impide la negativa de los trabajadores a título individual para su incorporación a su contrato de trabajo.

Asimismo, la regulación propuesta, si fuera aprobada por los trabajadores, debería incorporarse a los contratos de trabajo individuales de cada uno de ellos formando parte integrante de los mismos.

Si se publicara un convenio colectivo para la actividad, será aplicado en su integridad en las asociaciones, respetando las condiciones de trabajo que hayan sido reconocidas mediante la propuesta aprobada.

Debe decidirse acerca del carácter absorbible y compensable de las condiciones pactadas con las establecidas por un convenio colectivo de aplicación.

Desde luego, en todos los aspectos que no sean expresamente regulados en la propuesta o no resulten aprobados, se aplicará la legislación laboral general.

La negociación puede abarcar todos los aspectos de las relaciones laborales en la agrupación, desde el sistema de clasificación profesional al régimen disciplinario en las empresas, pasando por todas las demás situaciones que normalmente se regulan en un convenio colectivo (remuneración, permisos, excedencias, ceses, jornada, vacaciones, formación profesional y mejoras sociales, etc.)

Una trabajadora que presta servicios en la empresa que efectúa la consulta tiene solicitada la declaración de incapacidad como consecuencia de un accidente sufrido al abandonar la empresa. Ha demandado a la compañía a ?n de que ésta le pague una indemnización porque el convenio colectivo así lo establece, añadiendo que la empresa debe concertar un seguro para responder de la indemnización debida en esos casos.

Se da la circunstancia de que la empresa no tiene concertado el seguro y pregunta si tiene obligación de abonar la citada indemnización.

El convenio colectivo aplicable dice que en los casos en que se produzca el fallecimiento o la invalidez permanente absoluta, total o la gran invalidez, las empresas abonarán una determinada cantidad y que, a tal efecto, concertarán una póliza de seguro individual o colectivo que garantizará a todos sus trabajadores la percepción de la cuantía fijada.

Como puede verse, la obligación establecida por el convenio afecta en exclusiva a las empresas. Quiere ello decir que el sujeto obligado al pago es la empresa y solo se sustituirá esa obligación en contra de la aseguradora cuando se haya concertado la póliza de seguro. Si no es así, la obligada directamente al pago es la empresa.

Ahora bien, para que el trabajador genere el derecho al cobro de la indemnización es imprescindible que se haya declarado la incapacidad en alguno de los grados que se mencionan en el convenio; es decir, total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez. La declaración de invalidez corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social que, una vez tramitado el expediente, dicta una resolución que puede ser recurrida ante los tribunales. Por tanto, la simple resolución administrativa no es suficiente para generar la obligación de abono de la indemnización ya que puede ser revocada por el Juzgado de lo Social o por alguno de los tribunales que eventualmente intervengan en el asunto por vía de recursos contra la sentencia del juzgado. De hecho, en el caso de la consulta, ha sido la mutua de accidentes la que ha interpuesto recurso contra la declaración de incapacidad pretendiendo que no existe ningún grado de incapacidad o que, en todo caso, su origen no es un accidente de trabajo.

El Juzgado de lo Social no ha dictado todavía sentencia por lo que hay que esperar que se produzca esta primera resolución jurisdiccional. Una vez se dicte podría darse el caso de que se reconociera a la trabajadora una invalidez en grado inferior o que no se le reconociese ningún grado de invalidez. En esta situación la empresa no tendría que abonar cantidad alguna.

Por tanto, la reclamación que se ha producido ahora es extemporánea pues no existe todavía la condición básica para generar el derecho a la indemnización.

La empresa tendrá que alegar esta circunstancia en el juicio promovido por la trabajadora, a fin de que no se celebre, so pena de resultar nulo por hallarse pendiente de resolver una cuestión que afecta de forma fundamental al derecho ejercido.

Lo normal es que el juicio se suspenda a la espera de que la sentencia sobre la incapacidad se produzca y adquiera firmeza, esto es, que ya no sea susceptible de recursos.

Llegado ese momento, la empresa deberá efectuar el abono directamente puesto que no concertó el seguro, tal como le pedía el convenio colectivo. Ya no cabe la subsanación de esa omisión. Aunque, desde luego, la empresa deberá tomar nota de lo ocurrido y concertar en el futuro el seguro de accidentes.

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